ROSALÍA SIMMONS ago 08, 2017
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El Juzgado Tercero de Circuito Civil de Panamá ordenó “revocar” la orden contenida en el permiso de construcción aprobado por la Dirección de Obras y Construcciones de la Alcaldía de Panamá, para la edificación del proyecto inmobiliario Sea Point, en Paitilla, corregimiento de San Francisco.
La decisión, con fecha del 11 de agosto de 2017, tiene como sustento que el edificio colinda hacia el lado este con la bahía de Panamá y “se erige sobre la ribera de playa no sujeta a apropiación privada”.
La acción judicial fue bien recibida por los residentes de la comunidad de Paitilla, quienes fueron los que presentaron el amparo de garantías contra la obra y que terminó en la anulación del permiso de construcción.
Por su parte, los representantes de la promotora Desarrollo Bahía, encargada de la edificación, informaron que en estos momentos analizan cómo proceder. De hecho, pueden apelar la decisión del juzgado.
Los residentes de Paitilla, en el corregimiento de San Francisco, lograron dar un nuevo paso en su lucha contra la construcción del proyecto inmobiliario Sea Point, que se vine desarrollando en el área desde 2015.
Harley Mitchell hijo, abogado de los vecinos, informó que el Juzgado Tercero de Circuito Civil de Panamá decidió anular el permiso de construcción que otorgó la Dirección de Obras y Construcciones de la Alcaldía de Panamá a la obra.
La Resolución 0251-17, con fecha del 11 de agosto de este año, indica que la revocatoria del permiso se debe a que la edificación colinda en el lado este con la bahía de Panamá y “se erige sobre la ribera de playa no sujeta a apropiación privada”.
A juicio de Mitchell, se trata de una decisión basada en derecho, toda vez que el permiso otorgado por la Alcaldía es contrario a lo que establece la Constitución de la República en su artículo 258 cuando dice que la ribera de playa “no es adjudicable”.
APLAUDEN ACCIÓN
Tanto para los residentes de la comunidad como para los miembros de la Red Ciudadana Urbana de Panamá, lo actuado por el Juzgado sienta un precedente histórico en cuanto al tema urbano en el país.
Darío Vásquez Wolff, uno de los voceros de los vecinos, se mostró complacido y expresó que “este es un triunfo no solo para Paitilla, sino para Panamá, porque lanza una advertencia al resto de las promotoras de que no se pueden tomar espacios que pertenecen al Estado.
En tanto, María Chávez, presidenta de la Red, subrayó que las autoridades judiciales actuaron rápido y que pese a “presiones” comunes del caso, hicieron lo correcto.
A su vez, argumentó que la ciudadanía necesitaba “buenas noticias”, porque desde hace años viene reclamando a las autoridades de diferentes entidades que los permisos de construcción sean emitidos en estricto derecho y con base en las evidencias técnicas.
“Este fallo es un llamado de atención para los funcionarios de instituciones, como la Alcaldía, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, las cuales están involucradas en la aprobación de obras y que deben hacer cumplir las normas”, manifestó la activista.
EVALÚAN MEDIDA
Sobre el tema, los representantes de la promotora Desarrollo Bahía dijeron que tenían conocimiento de la medida; sin embargo, señalaron que estaban evaluando la situación.
El Sea Point se está construyendo cerca de la calle Heliodoro Patiño, y consiste en la edificación de 3 torres de 30 plantas y 108 apartamentos, así como de área social, gimnasio, piscina, entre otras facilidades.
La obra, que presenta un 45% de avance y en la que se han invertido aproximadamente 30 millones de dólares hasta la fecha, fue suspendida desde el pasado 1 de agosto por el director de Obras y Construcciones de la Alcaldía de Panamá, Antonio Docabo.
Esta situación motivó a que la semana pasada un grupo de trabajadores de este proyecto realizara una manifestación y cerrara parcialmente la vía Italia, reclamando la reapertura de la obra inmobiliaria.
RESPETAN FALLO
Al respecto, el director de Obras y Construcciones, Antonio Docabo, señaló que desconocía la decisión del juzgado, ya que no ha sido notificado formalmente.
No obstante, acotó que desde la Dirección de Obras y Construcciones de la Alcaldía, “siempre respetaremos y acataremos las órdenes que recibamos del Órgano Judicial, y una vez tengamos toda la información veremos a fondo qué procedimiento legal continúa”.
Para el urbanista Álvaro Uribe, lo ocurrido en el corregimiento de San Francisco es un conflicto que afecta a muchas personas, y consecuencia de que durante años el desarrollo urbano en la ciudad se ha visto de manera individual y no como un conjunto.
